El 09 de abril de este año la organización internacional Artículo 19 presentó su informe “Barreras informativas: desafíos para la libertad de expresión y el acceso a la información en México”, en el que se documentan 639 agresiones contra periodistas en posible nexo con su trabajo, lo que significa que se agrede a un periodista cada 14 horas. En comparación, la organización documentó 561 agresiones en 2023.
Para este texto, resalto el caso Guanajuato, que ocupa el quinto lugar nacional en términos de agresiones a periodistas, y concentra -junto con Ciudad de México, Guerrero, Veracruz y Puebla- una de cada dos agresiones a nivel nacional.
Ésta última entidad, junto con Guanajuato es considerada como de alto riesgo en coberturas periodísticas en el apartado 3.4., en el que se señala que “además de las agresiones físicas, los periodistas afrontan una constante coacción y censura indirecta” debido a los altos números de violencia perpetrada por sujetos desconocidos, así como intimidaciones por particulares y restricciones impuestas por las autoridades. Es decir, en Puebla y en
Guanajuato más allá de las agresiones documentadas, el contexto de riesgo que enfrentan las personas periodistas es adverso y genera censura indirecta.
Esta cuestión ha sido abordada previamente en este espacio (ver aquí), a partir de una metodología desarrollada por Jan Albert-Hootsen, que señala que en Guanajuato puede haber zonas silenciadas para la cobertura periodística.
Los datos del informe de Artículo 19 deben contextualizarse con los ofrecidos por el Consejo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato (Consejo) y del Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos (Mecanismo).
El Consejo reportó que en 2024 asignó 54 medidas estatales entre las que resalta el número de emergencia, los rondines y la canalización a la Fiscalía.
El Consejo informa también que el año pasado se implementaron tres medidas federales; estos datos tienen que relacionarse con los datos ofrecidos por el Mecanismo, que señalan que en 2024 se realizaron dos solicitudes de incorporación en el caso de Guanajuato, lo que ofrece como resultado 59 personas actualmente (diciembre de 2024) incorporadas al Mecanismo, lo que coloca a la entidad en el lugar 15 a nivel nacional en personas incorporadas a este Mecanismo. En suma, es importante diferenciar el número de medidas otorgadas del número de personas beneficiarias, tanto en el Consejo como en el Mecanismo.
Regresando al Informe “Barreras” se mencionan por segunda ocasión, ya que la organización lo había mencionado en 2023, los casos de asesinatos y desapariciones de personas buscadoras. Artículo 19 reconoce que hasta 2024 había cinco casos acumulados de personas buscadoras asesinadas y tres desaparecidas en Guanajuato. Considerando que son 25 personas buscadoras asesinadas y cuatro desaparecidas a nivel nacional.
Finalmente, las recomendaciones del informe van en el sentido de dotar de recursos económicos para la atención a víctimas y formular una política pública de protección integral. A las Fiscalías: desde aplicar el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.
Además, al Mecanismo se le recomienda generar procesos de coordinación entre la prevención y la protección en las unidades estatales de protección, estableciendo pautas de coordinación mínimas; que las instituciones que
forman parte de la Junta de Gobierno (FGR y CNDH) realicen investigaciones diligentes y recomendaciones para contribuir a la prevención de la violencia contra la prensa y fortalecer los planes de protección que implementa el Mecanismo.
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