En sesión de la Diputación Permanente, las diputadas Yulma Rocha Aguilar, Dessire Angel Rocha y Martha Lourdes Ortega Roque presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato con el objetivo de legitimar los procesos electorales y contribuir a procurar la idoneidad de los perfiles de las personas candidatas a puestos de elección popular.
De igual manera, elevar los estándares de ética y responsabilidad del servicio público, fortalecer la democracia y promover una cultura libre de todo tipo de violencia.
Al dar lectura a la exposición de motivos del documento, la diputada Yulma Rocha Aguilar se refirió a la iniciativa conocida como 3 de 3 contra la violencia de género, que tiene como finalidad prevenir que los agresores de mujeres, sexuales y deudores alimentarios, accedan a cargos de elección popular, para así procurar la idoneidad de sus perfiles, elevar los estándares de ética y responsabilidad del servicio público.
En ese sentido, apuntó que la propuesta la realizaron bajo el razonamiento de que es indispensable que quienes acceden a puestos de toma de decisión públicos o de elección popular, además de contar con la capacidad y preparación correspondiente para desempeñarlos, también actúen en todo momento promoviendo, respetando, protegiendo y garantizando los derechos humanos, así como procurando la eliminación de la violencia, ya que resulta evidente que las personas agresoras no están en condiciones de gobernar en beneficio de las mujeres, y que tampoco llevan un modo honesto de vivir.
Entre los datos esgrimidos por la legisladora, se mencionó que, durante el pasado proceso electoral de 2021 en Guanajuato, se encontró que 6 de cada 10 candidatas padecieron violencia por ser mujeres en algún momento de su vida; el 38% de las encuestadas declararon haber sufrido violencia en la búsqueda de su candidatura; una de cada dos sufrió violencia en precampaña o campaña; el 46% sufrió violencia a través de redes sociales, entre otros.
“Resulta prioritario precisamente establecer mecanismos preventivos que, desde los requisitos de elegibilidad, eviten que las personas que posean perfil agresivo, violento o irresponsable puedan acceder a los puestos de toma de decisión públicos o a los cargos de elección popular”, enfatizó la congresista.
Agregó que es indispensable procurar que no llegue ni un agresor más al poder, sino quienes además de poseer la capacidad y preparación necesarias para ocupar los cargos, indiscutiblemente también posean las cualidades y aptitudes correspondientes que otorguen a la ciudadanía la certeza de que desempeñarán sus cargos con apego a derecho y que posean un perfil idóneo en todos los aspectos.
La propuesta también considera diversas modificaciones en la redacción para continuar integrando un lenguaje incluyente y no sexista.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Electores para su estudio y dictamen; y para opinión a la Comisión para la Igualdad de Género.
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